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El Instituto Colombiano Agropecuario ICA -entidad regulatoria encargada de aprobar los Organismos Genéticamente Modificados -OGM- para uso agrícola y pecuario-, recientemente autorizó la siembra comercial de la soya Roundup Ready, producida por la multinacional Monsanto. Las siembras comerciales con esta soya, cuya característica es la resistencia al glifosato -que Monsanto también produce-, serán realizadas en la región de la Orinoquia. Además de esta autorización, el ICA aprobó para consumo animal y/o elaboración de piensos, la utilización de cuatro eventos genéticamente modificados o transgénicos: tres de maíz y uno de soya. De los maíces, dos son de de Syngenta, empresa comprometida con la agricultura sustentable a través de investigaciones y tecnologías innovadoras, no obstante sus productos agrícolas usan pesticidas cancerígenos y contaminantes. El tercer maíz pertenece a Monsanto y la Soya es de DuPont. Adicionalmente, el ICA avaló la ampliación de zonas para la siembra comercial del algodón Liberty Link, producido por Bayer CropScience, semilla que ha sido denunciada por granjeros en Estados Unidos por ser contaminante. Este algodón podrá ser sembrado en el Caribe húmedo colombiano. En total, en el año 2010 han sido otorgadas 13 aprobaciones para actividades con OGM para fines agrícola y pecuario, 7 en el primer semestre y 5 en julio de 2010.

El Banco Mundial realiza en Frankfurt entre el 31 de Agosto y el 1 de Septiembre de 2010 la última sesión de su proceso de consulta acerca de una estrategia de financiación para sus proyectos de palma aceitera.

A nivel mundial las críticas a la producción a escala industrial de palma aceitera no han parado de crecer. En septiembre del año pasado, tras las críticas de varios grupos de todo el mundo, especialmente de Indonesia y Papua Nueva Guinea, el Banco Mundial decidió detener la financiación del sector. El presidente del banco, Robert Zoellick, aclaró en un escrito que había encargado a la Corporación Financiera Internacional (IFC) una revisión de la estrategia actual. Los resultados de dicha revisión resultaron vergonzosos para todo el Grupo del Banco Mundial.

Las plantaciones de palma aceitera, consistentes en gigantescos monocultivos destinados a la industria alimenticia, cosmética, química y de agrocombustibles, tiene consecuencias devastadoras para poblaciones, medio ambiente y clima. La industria de la palma aceitera que el Banco Mundial viene financiando desde hace 45 años tiene impactos nocivos no sólo para las comunidades locales dependientes de los bosques, sino también para los pequeños productores. Multinacionales de la palma como la empresa Wilmar son causantes de graves violaciones de derechos humanos, desplazamientos de personas que viven y dependen de los bosques tropicales, destrucción de selvas y su biodiversidad, contaminación de suelos y aguas y agravamiento del cambio climático.

El Banco Mundial no cumple de esta manera en absoluto con su objetivo de combatir la pobreza, sino más bien todo lo contrario, causa de más pobreza, más cambio climático y es co-responsable de crímenes ambientales y sociales. La expansión de los monocultivos de palma aceitera con su dinero debe detenerse. Las organizaciones ambientales exigen al Banco Mundial que “¡NO financie más plantaciones de palma!”

Klaus Schenck, de la organización alemana Rettet den Regenwald, dice: El marco presentado por el Banco Mundial para el sector de la palma aceitera es totalmente insuficiente e inaceptable. Es una mera cortina de humo; las exigencias de las organizaciones sociales y ambientales de todo el mundo no han sido en absoluto tomadas en cuenta”.

Teresa Pérez, del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), dice desde Uruguay: Queremos resaltar que las plantaciones de palma de aceite no son sostenibles, sino que forman parte de un modelo extractivo basado en la exportación. Para nosotros, el plan presentado por el Banco Mundial para la palma aceitera es una farsa sin resultados positivos”.

Guadalupe Rodríguez, del grupo Salva la Selva , de España, añade: Los monocultivos industriales de palma aceitera no son ni podrán nunca ser sostenibles. La financiación de plantaciones de palma aceitera hace al Banco Mundial directamente responsable del incremento de la pobreza, violaciones de derechos humanos y crímenes ambientales”.

Almuth Ernsting, de Biofuelwatch, el Observatorio de los Biocombustibles, dice: “Cientos de organizaciones en todo el mundo han condenado el 'maquillaje verde' que se hace de la palma aceitera. La certificación de las plantaciones, así como las directrices propuestas por el Banco Mundial no son más que maquillaje verde”.

Dirigentes políticos de varios países de América Latina crearon en Buenos Aires el colectivo Latinoamericanos por la Paz de Colombia para intentar humanizar el conflicto en ese país.

El grupo fue conformado durante una reunión celebrada este domingo en la sede del Partido Comunista de Argentina, la organización Colombianas y Colombianos por la Paz, la ex canciller de Honduras Patricia Rodas y Margarita Zapata, dirigente de la fundación mexicana Emiliano Zapata.

Recientemente las FARC instaron al Gobierno de Juan Manuel Santos a establecer un diálogo de paz y pidieron, a través de Internet, que se les permita exponer su visión del conflicto colombiano ante la Unasur.

El Gobierno colombiano, que asumió el pasado 7 de agosto, ha señalado a través del vicepresidente Angelino Garzón que no habrá acercamientos con las guerrillas mientras no liberen a los secuestrados y cesen las acciones terroristas, la colocación de minas antipersonales y el reclutamiento de menores de edad.

La agricultura y el sistema alimentario industrial son el principal causante del calentamiento global y la crisis climática. En contraste, las agriculturas campesinas e indígenas, biodiversas y descentralizadas, son el factor más importante para enfrentar esta crisis y salir de ella, además del hecho fundamental de ser las que alimentan a la mayor parte de la humanidad.

Pese a esto, la visión que predomina en las negociaciones internacionales sobre el clima recoge los intereses de las empresas contra los y las campesinas. El intento ahora es integrar la agricultura y los suelos al comercio de créditos de carbono, lo cual significaría un nuevo subsidio a las trasnacionales de agronegocios, favoreciendo más a la agricultura industrial y mayor despojo a las formas de vida campesinas.

Los datos sobre las fuentes del calentamiento global varían según la fuente, pero coinciden en señalar la agricultura industrial como una de las fuentes mayores de emisión de gases de efecto invernadero, junto a la generación de energía y transportes basados en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón).

Las actividades agrícolas aparecen como responsables de entre 11 y 15 por ciento de las emisiones. Si bien este dato ya es grave, presentarlo desagregado de las emisiones de la cadena agroalimentaria industrial oculta una realidad mucho peor en cuanto a su responsabilidad por la crisis climática. Si se consideran juntos la agricultura industrial y el sistema alimentario industrial al que está necesariamente ligado, hay que cargarles una parte significativa de las emisiones de los transportes; otro porcentaje por deforestación y cambio de uso de suelo (en avance de frontera agrícola y en uso de papel: aproximadamente 75 por ciento del papel que se produce es para propaganda y embalajes, que son solamente demanda de las grandes cadenas de ventas), y casi la totalidad del metano que emiten los basureros debido a la pudrición de basura orgánica, que en su mayoría son restos de alimentos que se tiran en las ciudades.

Según el excelente trabajo de Grain La crisis climática es una crisis alimentaria (www.grain.org/nfg/?id=735), basado en el análisis de decenas de informes, la agricultura y el sistema alimentario industrial son responsables de entre 44 y 57 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Llegan a esta conclusión agregando los siguientes datos: las actividades agrícolas representan de 11 a 15 por ciento de emisiones; el cambio de uso de suelos, desmonte y deforestación causan de un 15 a 18 por ciento adicional; el procesamiento, empaque y transporte de alimentos provoca un 15 a 20 porciento, y la descomposición de basura orgánica de 3 a 4 por ciento.

Por otro lado, Grain también hace un cálculo cuidadoso del papel de los suelos en la crisis climática: mientras su degradación es fuente de emisiones, si el suelo está vivo, con materia orgánica viva y natural que no es eliminada por fertilizantes sintéticos y agrotóxicos y se cuida según las diversas condiciones locales, con una combinación de diversidad y rotación de cultivos, incorporación de materia orgánica y otras, se podría devolver a los suelos en pocas décadas su capacidad natural de retener carbono, y absorber casi dos tercios del exceso de gases de efecto invernadero que existen actualmente en la atmósfera. Pero esta forma de cuidar el suelo sólo es posible mediante la agricultura campesina y familiar, libre de tóxicos, descentralizada y diversa, adaptada a cada lugar. (Camila Montecinos, Cuidar el suelo,

Sin embargo, intereses industriales pretenden ahora explotar esa capacidad del suelo para absorber y retener carbono para cobrar créditos de carbono, usando el suelo como sumidero. Por ejemplo, las industrias que promueven el llamado biochar (carbón vegetal). Se trata de sembrar extensas áreas de monocultivos de árboles para quemarlos, convirtiéndolos en carbón negro y luego enterrarlo, teóricamente para secuestrar carbono y aumentar la fertilidad del suelo.

Según sus proponentes -industrias que aspiran a hacer grandes lucros-, es también una forma de geoingeniería, porque con 500 millones de hectáreas o más podría enfriar el planeta. Cínicamente dicen que es una tecnología indígena amazónica. Pero el biochar y las formas indígenas de quemar y enterrar son tremendamente diferentes. En el primer caso se trata de ejercer violencia sobre el suelo, primero con grandes plantaciones y agrotóxicos, luego enterrando carbón en forma súbita y masiva, que según estudios incluso podría desequilibrar más el suelo y liberar el carbono retenido en forma natural.

Además, parte del polvo de carbón negro se libera a la atmósfera en el proceso y tiene un efecto invernadero mayor que el dióxido de carbono, por lo que otros estudios evalúan que hasta podría aumentar las emisiones.

Devastar millones de hectáreas con plantaciones y agrotóxicos para luego quemarlas suena realmente enfermizo. Al contrario, la forma indígena se basa en miles de años de sabiduría acumulada de manejo diverso y adaptado a cada región, a diferentes suelos y a trabajar respetando las condiciones naturales de cada lugar, de cada suelo.

Hay más propuestas de la industria para convertir la agricultura y la alimentación en su campo de lucro particular mientras el planeta se fríe y aumenta el hambre. Por ello Vía Campesina llamó, de cara a la cumbre climática que se efectuará en Cancún en diciembre, a denunciar ahí dichas propuestas y en cada lugar donde estemos, y mostrar las verdaderas alternativa campesinas, tarea urgente que nos incumbe a todos.

La necesidad histórica de superar la inequitativa distribución de la tierra en Colombia se mantiene vigente. Los avances logrados en este sentido resultan bastantes limitados frente a la magnitud de la concentración de tierras que ha caracterizado la estructura agraria colombiana y constituye la base originaria del conflicto social y armado.

Unos y otros ya han coincidido en solicitar la flexibilización del mercado de tierras y en reclamar una serie de medidas como la eliminación de la Unidad Agrícola Familiar o el límite de UAF que puede comprar un empresario agrícola, y permitirles ser adjudicatarios de terrenos baldíos. El gobierno por su parte, ha anunciado pasos en tal sentido.

Además de pedir nuevos incentivos, los empresarios nacionales y extranjeros han criticado que la legislación sobre tenencia de tierras en Colombia es “inflexible”, porque impide que una empresa pueda tener más de 900 UAF para desarrollar un proyecto productivo. En el documento “Competitividad del sector agropecuario en el país”, sostienen que ello incrementa los costos de transacción ya que tienen que buscar alternativas como la creación de múltiples empresas bajo un mismo grupo empresarial.

La figura de la UAF y la limitación a la venta de baldíos responden a propósitos nacionales fundamentales, como “reformar la estructura social agraria para eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la tierra o su fraccionamiento antieconómico y dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos”, lo mismo que “regular la ocupación y aprovechamiento de tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos” (del “Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino”). Y es la propia Constitución Política la que dispone que “Es deber del Estado promover el acceso progresivo de la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar los ingresos y calidad de vida de los campesinos” (Art. 64)

Pero las Instituciones Financieras Internacionales ya hablaron, y duro. El Banco Mundial ha venido reclamando algunas medidas preparatorias al TLC: “La firma del TLC con los estados unidos hace urgente concentrar la atención de las políticas públicas en la economía rural, pues las condiciones de competitividad cambiarán en forma drástica (…) La apertura comercial de los años noventa fue parcial e incoherente…”. Y en relación con el mercado de tierras no ha dudado en exigir, desde la construcción de obras, la reestructuración del gasto público hacia la provisión de bienes públicos rurales, y que los incentivos se destinen a los productos (y productores) más competitivos, hasta la formalización en la propiedad de la tierra y su “movilidad de los derechos” para que aquella sea usada “por usuarios más eficientes” (sic). “El funcionamiento eficiente del mercado de tierras es esencial para este propósito”.

Por su parte, la agenda del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos establece que “se permitirá a los agricultores y campesinos definir las extensiones necesarias para sus cultivos, sin la limitación burocrática de la llamada Unidad Agrícola Familiar”. Y se anuncia todo un plan destinado a quitarle la tierra a la mafia y aún al latifundio improductivo, entregársela a los campesinos y desplazados, formalizar y flexibilizar el mercado de tierras. Todo a pedido de las Instituciones Financieras Internacionales, interesadas en dicha flexibilización, de cara al “trato nacional” que les otorgará un TLC tramitado, como las bases militares, de espaldas al país.

En medio de una grave situación humanitaria, los indígenas colombianos conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas; “la situación de vulneración a sus derechos humanos y el conflicto armado interno ha llevado a que los pueblos indígenas estén hoy casi exterminados física y culturalmente”, aseguró Bruno Moro, coordinador de la ONU en Colombia.

Pese a que en años pasados y en distintos escenarios autoridades y dirigentes indígenas han llamado al gobierno y a la conciencia nacional con respecto a la crisis humanitaria que afrontan los 102 pueblos ancestrales, “pereciera que uno le esté hablando a una piedra”, expresó un indígena, que vino desde muy lejos hasta la capital colombiana, para denunciar que en su comunidad los niños se estaban muriendo de hambre; “en las dos últimas semanas, cinco menores murieron de hambre y desnutrición, contó el testigo”. (El hecho dramático sucedió en Ricaurte Nariño).

No obstante el clamor de los indígenas frente a su drama la situación es bien difícil; persiste una crisis humanitaria reflejada en asesinatos selectivos, desplazamiento masivo, confinamiento, desnutrición y discriminación. Según el balance de Naciones Unidas y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, las dos terceras partes de los asesinatos selectivos -en grupos vulnerables- en 2009 han sido de miembros de pueblos indígenas; un promedio de tres personas por semana.

La presión que ejercen los actores del conflicto sobre territorios y comunidades indígenas han acelerado la crisis; la pobreza, la violencia y el hambre se han vuelto realidades generalizadas que cobran la vida de centenares de miembros de estas comunidades que hoy claman por la paz nacional y del mundo. “Lo único que pedimos es que nos dejen vivir en paz en nuestros territorios, que nuestros niños no se mueran de hambre y nuestros mayores no sean asesinados en medio de la guerra”, pidió José Libardo Paí, durante la Rueda de Prensa celebrada en Bogotá con respecto a la celebración del Día de los Pueblo Indígenas.

Por su parte el representante del Pueblo Indígena Jitnu, del Casanare, en un testimonio demoledor develó la crisis de su comunidad “nos morimos de hambre, no tenemos que comer, no tenemos atención médica y nadie nos presta atención”.

Esta situación aumenta la preocupación de los pueblos los pueblos en vía de extinción como el caso de los nukak-makú cuya población se ha visto cada vez más reducida en los últimos años. La semana anterior murieron dos niños por causa de enfermedades prevenibles que no fueron atendidas a tiempo.

En este sentido los miembros de las comunidades indígenas y los representantes de las Naciones Unidas hicieron un llamado al gobierno nacional, a la comunidad internacional y a la sociedad para dimensionar la gravedad de la situación y sus implicaciones humanitarias, sociales, culturales y políticas.

En lo que va corrido del año ya han sido asesinados por lo menos 67 indígenas. La Onic hizo un llamado al mundo, “lanzamos un grito desesperado por la preservación de nuestro pueblos”, manifestó Luis Evelis Andrade, Consejero mayor de la Onic, luego de hacer un balance de la ardua situación humanitaria y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, fundamentales y colectivos de comunidades y pueblos indígenas; situación que pone en riesgo su vida y su integridad física, cultural y territorial y, afecta su autonomía.

Naciones Unidas valoró la enseñanza, el aporte cultural para el mundo y, la convivencia comunitaria de los indígenas, pero lamentó la grave situación que les aqueja. “Cada asesinato de un ciudadano indígena debería ser una tragedia nacional. Cada hombre o mujer asesinada en los territorios indígenas de Colombia significa para el país una mayor pérdida de tradiciones, cultura, patrimonio y conocimiento. La riqueza de Colombia como nación incluye a los pueblos indígenas, su fuerza movilizadora y solidaria de la que siempre tendremos mucho que aprender”, señaló Bruno Moro, quien también es el representante del PNUD.

Los pueblos indígenas acusaron al gobierno colombiano por los bajos niveles de salud como consecuencia de la pobreza, la malnutrición, la contaminación ambiental y la falta de voluntad política para cumplir sus obligaciones.

Ki-moon, por su parte concluyo que en particular los insuficientes progresos en materia de salud son indicios de la existencia en muchos países de una brecha persistente y profunda entre el reconocimiento oficial de los derechos de los pueblos indígenas y la situación real sobre el terreno. Hizo llamado al gobierno y a la sociedad para que actúen con urgencia y determinación para eliminar esa brecha en lo concerniente a la aplicación con la plena colaboración con los pueblos indígenas.

Luego de una reunión de más de tres horas, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, acordaron este martes en la ciudad de Santa Marta restablecer relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países.

La decisión se tomó después de que el 22 de julio pasado Caracas rompió relaciones diplomáticas con Bogotá, a raíz de las acusaciones de Colombia sobre su supuesto apoyo a las guerrillas colombianas.

Al término de su encuentro en la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde murió Simón Bolívar en 1830, Santos y Chávez, que han sido antiguos rivales, expresaron que decidieron doblar la página y firmaron una declaración de principios.

Celebro mucho, muchísimo este encuentro con el presidente Chávez, expresó Santos al término del encuentro. A su turno, Chávez le dijo: Cuente con mi amistad, presidente Santos.

La declaración firmada por los dos es un manifiesto de cinco puntos, donde se anuncia la creación de comisiones que trabajarán en temas sensibles: Primero, Comisión para el pago de la deuda y reimpulso de la relaciones comerciales; segundo, comisión para trabajar un acuerdo de complementación económica entre ambos países; tercero, comisión para desarrollar un plan de trabajo de inversión social en la zona de frontera; cuarto, comisión para el desarrollo conjunto de obras de infraestructura; y quinto, comisión de seguridad'', indica el documento.

Esas comisiones se ocuparán del pago de las deudas pendientes con los exportadores colombianos -que superan los US$700 millones-, de la reactivación de las relaciones comerciales, de estudiar un acuerdo de complementación económica, de acordar inversiones sociales en la frontera de 2.200 kilómetros, de desarrollar obras de infraestructura y de estudiar asuntos de seguridad.

Santos anunció que nombrará como embajador en Caracas al ex ministro José Fernando Bautista. Chávez dijo que en los próximos días decidirá si el embajador Gustavo Márquez seguirá en Bogotá o nombra a otro.

El auge en la construcción de centrales hidroeléctricas para la producción de energía está afectando negativamente a numerosas poblaciones indígenas en todo el mundo, advirtió este lunes la organización indigenista Survival. En un informe publicado en ocasión del Día Mundial de las Poblaciones Indígenas, la ONG denunció que la mayoría de estos proyectos se llevan a cabo sin consultar a las comunidades que habitan en las zonas donde se están construyendo muchas de las represas.

Y en muchos casos, afirma, se trata de comunidades indígenas que se ven obligadas a abandonar sus tierras, o ven afectados sus cultivos u otros medios de vida. No sólo no se les da la oportunidad para opinar, sino que tampoco se benefician. Lo único que obtienen son las consecuencias negativas, le dijo Lindsey Duffield, de Survivor, a BBC Mundo. Y para Duffield, el impacto negativo desproporcionado que este tipo de proyectos tiene sobre los pueblos indígenas es evidencia de las dificultades que estos todavía enfrentan a la hora de defender sus derechos. El problema es resultado de una combinación de racismo y de codicia, afirmó.

Entre los casos mencionados en el reporte de Survivor se destacan proyectos en Brasil, Perú, Guyana, Malasia y Etiopía. El gobierno del estado de Mato Groso, por ejemplo, tiene planeado construir 77 represas a lo largo de los ríos Juruena y Aripuana en esa región amazónica. Y según Survival esto afectará la calidad del agua y las fuentes de pesca de tribus como los Enawene Nabe, Nambiquara, Erikbatsa y muchas otras. Otros problemas serios que enfrentan las comunidades indígenas son la degradación ambiental y el desplazamiento forzoso de tribus enteras, como sería el caso de los proyectos Gilgel Gibe III, en Etiopía, y Murum, en Malasia.

Pero, ¿no son necesarios este tipo de proyectos para reducir la dependencia de combustibles fósiles y combatir el cambio climático? La decisión de construir una represa en tierras indígenas es una decisión política, no una decisión acerca de cómo producir energía, sostiene Duffield. Y la activista de Survival señaló además que algunos de estos proyectos hidroeléctricos, más que traer beneficios ambientales, lo que hacen es crear las condiciones para la explotación industrial de las tierras de otros grupos tribales. Un ejemplo sería la presa de Belo Monte, en Brasil –que una vez concluida será la tercera más grande del mundo-, la que según Survival está actualmente a cargo de un consorcio de nueve compañías mineras.

El reporte también lamenta que no se estén aprovechando las lecciones de la historia. Hace ya una década la Comisión Mundial sobre Represas reconoció que los grandes proyectos de este tipo ‘han llevado pobreza y sufrimiento a millones de personas’ y estableció estándares y pautas para futuros proyectos, se lee en el mismo.

Para Survival, el problema es particularmente grave porque luego de un declive en la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos a finales de la década de 1980, estos se están volviendo a poner de moda empujados por un lobby que trabaja duro para retratar a esta industria como una panacea contra el cambio climático. Y la ONG también sugiere que los esfuerzos auto-regulatorios, como el Protocolo de Evaluación de Sostenibilidad de la Energía Hidroeléctrica de la International Hydropower Association (IHA), son insuficientes a la hora de proteger los derechos de los pueblos indígenas.

El protocolo no establece estándares mínimos para la construcción de represas. En su lugar, los diferentes aspectos de los proyectos presentados reciben una calificación de uno a cinco, explica el reporte. Eso significa que una baja calificación en materia de ‘calidad del proceso de planificación en lo que se refiere a los temas, riesgo y oportunidades de los pueblos indígenas’ puede verse cancelado por una buena nota en ‘transparencia y competitividad del proceso de licitación’, afirma.

En general se encuentra que la economía avanzó por debajo de la tendencia histórica con un promedio de 4%, impulsada por la inversión extranjera. Lo más reprobable es el perfil del crecimiento: proviene del aumento de los sectores intensivos en minerales, que se caracterizan por la baja generación de empleo y el aumento de las importaciones que han venido a sustituir el empleo formal. Se configuró el clásico modelo de crecimiento sin empleo.

La política social, que prácticamente no se menciona en el primer plan de desarrollo, giró alrededor del asistencialismo. El programa estrella es la entrega de subsidios en efectivo en los despliegues oficiales. Las transferencias destinadas a la salud y la educación se congelaron. Las apropiaciones para educación disminuyeron en términos del ingreso per cápita; los índices de desempeño escolar de secundaria descendieron en los últimos ocho años.

Algo similar ocurrió en salud. El aumento de la cobertura del Sisbén está basado en una apropiación de $150.000 anuales, que no alcanza ni para las aspirinas. La mayoría de la población no tiene acceso a la salud especializada y el sistema en su conjunto colapsó asediado por las obligaciones incumplidas.

En síntesis, se falló en el cumplimiento del mandato constitucional de los derechos fundamentales. El 12% de la población está desempleada y el 60% en la informalidad, sin seguridad de salud y pensión, y con acceso a educación discriminada y de baja calidad.

Ciertamente, los indicadores de la administración Uribe son mucho mejores que los que recibió de la administración Pastrana, pero por este camino de las comparaciones se acabarían justificando los gobiernos por el mal desempeño de los anteriores.

El modelo Uribe, con unas pequeñas variantes, es la continuidad del Consenso de Washington. Los resultados están a la vista. Entre 1990 y 2010 la economía creció al ritmo más bajo del siglo, el desempleo y la informalidad alcanzaron las tasas más altas desde que existen cifras registradas, la pobreza superó el 50% y el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso pasó de .51 a .59.

Frente a esta experiencia, el desafío de la sociedad colombiana no puede ser distinto al de apartarse de las concepciones dominantes. Se requiere un nuevo modelo compuesto por una organización macroeconómica que le dé prioridad al empleo y la producción a tiempo que estirpe la especulación; el motor de desarrollo industrial apoyado en el aprendizaje en el oficio, el mercado interno y la integración latinoamericana; y la política social construida alrededor de los derechos del trabajo formal, la salud universal y la educación integrada.

Del 21 al 25 de Junio de 2010, se celebró en Vancouver – Canadá el II Congreso de la Confederación Sindical Internacional – CSI, bajo el lema “AHORA LOS PUEBLOS – DE LA CRISIS A LA JUSTICIA GLOBAL”. El marco social y laboral del mundo del trabajo, dentro del cual se desarrolló el Congreso y que en la actualidad no ha cambiado con tendencia a mayor gravedad de su situación, consiste, en que según los informe de la Organización Internacional del Trabajo, recogidos por los documentos de CSI para el Congreso, indican que la crisis económica es una tremenda realidad, que en los tres últimos años ha dejado 34 millones de empleos perdidos, que se suma a los 178 millones de ciudadanos en el mundo desempleados, con el agravante de no haber podido cuantificar el subempleo que se ha constituido en enfermedad crónica para mantener el empleo estable o mínimamente decente. Según la OIT, es también alarmante que el 50.6% de la mano de obra mundial tiene un trabajo inestable y 633 millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran en la franja de pobres con tendencia a la miserabilidad social.

Si se trata de la cuestión de género, las mujeres realizan el 66% del trabajo en el mundo y producen el 50% de alimentos y apenas ganan el 10% de los ingresos y solo acceden al 1% de la propiedad. Por las anteriores consideraciones, se deduce, que incluso, aquella franja de trabajadores(as) que mantienen un trabajo, su tendencia va hacia la pobreza y la miserabilidad social, cuestión que la realidad, muestra como la antítesis de la demagogia que plantea un mundo de nuevas oportunidades y prosperidad de la humanidad, según los pregoneros de la globalización neoliberal, como forma de integración económica de los pueblos. Si profundizáramos el análisis, incluyendo asuntos referidos, por ejemplo al trabajo infantil, esclavitud laboral en megaproyectos agroindustriales o transnacionales de pesca y transformación de productos en alta mar, todos asuntos inherentes a la violación de los derechos humanos y la vida, tenemos más que suficientes argumentos e insumos para haber justificado un Segundo Congreso de CSI, fuera del marco teórico y de trámite estatutario en que se desarrollo.

En mi criterio y sin comprometer la opinión institucional de la CUT, el Segundo Congreso de CSI fue más un evento de protocolo para adoptar documentos preestablecidos y puestos a consideración por la Secretaría General, con previo conocimiento del Consejo y Buró Ejecutivo, en cuyos espacios, la dinámica de trabajo definida, no permitió el debate ideológico o político respecto a sus contenidos, logrando apenas, ligeras pinceladas que finalmente no modificaron lo sustantivo de las propuestas. Es un contra sentido de fondo, que el documento central del Congreso titulado “Ahora los Pueblos”, plantee que el mejor camino para confrontar las fuerzas globales generadoras de la crisis mundial, en lo que concierne a los sindicatos, es trabajar por el internacionalismo sindical, a través de la CSI y por medio del II Congreso, pero, como insisto, éste fue organizado con criterio de trámite y protocolo y no dio opción al debate ideológico, político o programático, pues las precarias comisiones creadas, sólo estaban sujetas a la operatividad mecánica del Congreso, entre otras, la ratificación de textos sobre resoluciones, para que posteriormente la plenaria sin debate alguno protocolizara el pupitrazo, además, porque el reglamento solo contempló una intervención por Central Sindical, no superior a 5 minutos, que solo daban para el protocolo del saludo.

Se perdió una excelente oportunidad para abrir el debate al interior de CSI, respecto a resultados y consecuencias de la participación de CSI en las cumbres de líderes del G-20, organizadas en Washington, Londres, y Pittsburg, que la Secretaría General en su informe, mostró como “signos de cambio de paradigma” o “una auténtica oportunidad para un nuevo punto de partida respecto a la globalización”, dichas afirmaciones en el informe del Secretario General, contrastan con la realidad laboral y social, que la misma OIT denuncia y que la política adoptada por el G-20 o el G-8, en nada ha modificado el sistema que fortalece los privilegios de los ricos del mundo e incrementa sin posibilidades de solución, la pobreza en todos los continentes. Es claro, que la última decisión del G-20 para mitigar la crisis que sacudió la economía del mundo en el último año, fue darle más poder y más recursos al Fondo Monetario Internacional, para ofrecer el incremento del endeudamiento público, especialmente de los países en desarrollo, víctimas de una crisis generada por los mismos ricos y es deprimente, que bajo el sofisma de haberse salvado 21 millones de puestos de trabajo, la Secretaría General de CSI, manifieste que la política de endeudamiento público debe mantenerse como fórmula de rescate financiero, en otras palabras, mantengamos el moribundo con oxígeno, pero al fin moribundo, porque de no ser así, según el texto del informe del Secretario General, “sería volver a asumir al mundo en una recesión de doble caída”. Es la vieja táctica, que desde lo nacional a lo internacional, se aplica cuando las crisis se agudizan en el sentido de llamar a los trabajadores a las mesas de Gobierno Nacional o internacional como la del G-20, para preguntarle ¿Cuál es su aporte para la solución a la crisis?.

Causa hilaridad lo ocurrido en el tema electoral, el hecho de que el compañero Secretario General Guy Rider, no presentó su candidatura para ser reelegido, porque como otros sindicalistas internacionales, salía directamente a ejercer el cargo de subdirector de OIT, lo cual requiere el aval no solo del sector trabajador, pues también de empresarios y gobiernos y eso explica en alguna forma, los rasgos neoliberales, que de bulto se advirtieron en los documentos presentados al Congreso y la presencia de los directores del Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio (que aspira a formar parte de OIT), que en calidad de panelistas, se dirigieron a la plenaria del Congreso, hicieron alardes de sus políticas capitalistas neoliberales, pidieron comprensión a los trabajadores, todo sin derecho a réplica ni debate por parte de los delegados sindicalistas, por lo cual ese panel resultó un acto grotesco y provocador.

Curiosamente, la CUT – Colombia, fue declarada en vacancia respecto a su titularidad en el Buró y Consejo Ejecutivo de CSI y fuera del acuerdo del I Congreso de CSI, en el sentido de mantener las representaciones por dos períodos, para dar opción a consolidar el proceso unitario que dio origen al nacimiento de CSI. Este hecho, sólo se conoció en el momento de constituir la plancha de composición de Consejo y Buró, el argumento que también causa hilaridad, respaldado por Víctor Báez, Secretario General de CSA, es que, en un acuerdo de cafetería, el expresidente Carlos Rodríguez comprometió ceder el espacio de CUT a la CTA de Argentina, para el período que se inició con la elección en el Segundo Congreso. Así las cosas, la CUT no ha renunciado, ni va a renunciar a su derecho legítimo estatutario que sí se aplicó para la totalidad de las organizaciones que integran los órganos de dirección de CSI (no las personas naturales), como es el caso de CGT en Colombia, cuyas dos representaciones titulares en Consejo Ejecutivo y Buró, fueron respetadas.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresa su consternación y rechazo a las declaraciones del Presidente Uribe del 25 de julio pasado afirmando que «El terrorismo, a través de algunos voceros propone la paz, y de otros voceros, viene aquí a La Macarena a desacreditar a la Fuerza Pública» y reiterando a las fuerzas armadas su apoyo incondicional: «Gracias soldados y policías de Colombia, adelante, la victoria final no está lejos, pero hay que lucharla».

Estas declaraciones fueron emitidas desde el fuerte militar de la localidad de La Macarena, en el departamento del Meta, a proximidad inmediata del lugar donde se encontró una fosa común que, con una estimación de más de dos mil cadáveres, sería la más grande de América Latina. Los cuerpos sin vida y no identificados («NN») allí enterrados serían producto de las ejecuciones extrajudiciales (los denominados «falsos positivos») y desapariciones forzadas cometidas por los paramilitares y las fuerzas de seguridad desde el 2004, según denuncian familiares de las víctimas fatales, los habitantes de la zona y los defensores de derechos humanos. Las declaraciones del Presidente Uribe se producen a pocos días de la audiencia pública presenciada por, entre otros, una delegación de seis eurodiputados, durante la cual se denunciaron la grave crisis humanitaria y las violaciones a los derechos humanos cometidas en la zona.

Las declaraciones del Presidente, además de constituir una clara falta de respeto por las víctimas de estos graves crímenes, calificables de crímenes de lesa humanidad por su magnitud y el contexto en el cual se produjeron, envían un mensaje de impunidad a las fuerzas de seguridad, alentándolas a seguir en el camino del crimen. Ponen también en grave peligro a los habitantes de la zona. En efecto, el Presidente no puede ignorar que tildar de terroristas a defensores y pobladores equivale a definirlos como objetivo militar de las fuerzas armadas y de los paramilitares.

La FIDH urge por lo tanto el Presidente a rectificar sus propósitos y lo hace responsable de cualquier ataque o crimen que pueda producirse en contra de los habitantes de la Macarena y de los defensores que denuncian los graves crímenes cometidos en la zona. La FIDH espera que una comisión independiente, encabezada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y con participación de la sociedad civil, asegure que no se removerán los cadáveres y que los mismos serán identificados. La FIDH pide también a las autoridades judiciales investigar exhaustivamente los hechos para identificar y sancionar, en forma independiente e imparcial y a la mayor brevedad posible, los responsables de estos graves crímenes.

El 28 de julio La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución a iniciativa de Bolivia que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como derechos humanos universales.

El texto fue presentado por el embajador boliviano, Pablo Solón, quien confirmó a la estatal Radio Patria Nueva que la iniciativa fue ratificada con el respaldo de 122 países y ningún voto en contra. En ese proceso, dijo, se registraron 41 abstenciones, entre ellas naciones como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y Australia.

El diplomático destacó la trascendencia de esa medida, pues desde 1948 la ONU reconocía los derechos humanos en general, pero sin contemplar al imprescindible líquido para la vida, la educación, el trabajo.

El presidente boliviano, Evo Morales, impulsor de esta idea, había alertado a ONU que su declaración del Milenio como dedicado al Agua Potable y Saneamiento Básico no podía concluir en 2015 sin este logro. El diplomático explicó también que entre las metas del Milenio también sobresale reducir en 50 por ciento la cantidad de personas que no cuentan con el líquido.

La nueva resolución, dijo, reafirma el compromiso de los 192 Estados miembros de Naciones Unidas a cooperar de forma solidaria en la facilitación del acceso de todos los pobladores del planeta al agua potable.

Un informe de las Naciones Unidas de 2009 estima que para el año 2015 el 47 por ciento de la población mundial vivirá en zonas áridas y para 2030 unos 700 millones de personas podría dejar sus lugares de origen por la escasez de agua y falta de saneamiento básico. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala que el problema se agrava cada vez más porque 900 millones de personas no tienen acceso al agua potable, mientras que 125 millones de niños menores de cinco años viven en hogares que carecen del servicio.

La Región Autónoma de Madeira, Portugal, se ha convertido en la primera región europea libre de transgénicos reconocida de forma oficial. Cientos de regiones y municipios europeos han expresado su deseo de permanecer libres de transgénicos y muchos de ellos habían legislado al respecto. Sin embargo, la Comisión Europea se resistía a permitir esta figura legal. Madeira es la primera que obtiene la autorización oficial, lo que abre la posibilidad de establecer regiones libres de cultivos transgénicos en la Unión Europea. Cuatro Comunidades Autónomas españolas y varias diputaciones o cabildos insulares se habían declarado ya libres de transgénicos. Amigos de la Tierra anima a éstas y al resto de regiones a seguir el ejemplo de Madeira y realizar los trámites para prohibir de forma oficial y efectiva el cultivo de transgénicos en su territorio.

La figura de Zona Libre de Transgénicos es una demanda histórica de las regiones y municipios europeos, que quieren impedir su cultivo, en contra de su imposición por parte de la Comisión Europea, la industria o Gobiernos como el español. Más de doscientas regiones y miles de municipios se han declarado desde entonces libres de transgénicos, y aunque han legislado para evitar su cultivo, exigían a las autoridades europeas el reconocimiento de esta figura legal. En el caso de Madeira, que ya no podrá ser recurrido por ninguna instancia europea, se establece la prohibición de introducir y cultivar semillas transgénicas en su territorio, con multas de hasta 44.000 euros para las empresas infractoras, según establece el decreto legislativo aprobado por unanimidad en la Asamblea Regional.

“Madeira ha abierto un camino esperanzador para que todas las regiones que se habían declarado libres de transgénicos legalicen su situación e impidan el cultivo de transgénicos en su territorio. Se reconoce por fin el derecho de las regiones a proteger su medio ambiente y la salud pública, y conservar sus modelos de agricultura frente a la imposición que suponen los transgénicos”, afirmó David Sánchez, responsable del Área de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra.

En España, País Vasco, Asturias, Canarias y Baleares, los consejos insulares de Mallorca, Menorca y Lanzarote, la Diputación de Málaga y cerca de 200 municipios ya han declarado su territorio libre de transgénicos. También el Parlamento Gallego instó a que su territorio estuviera libre de estos cultivos. Mientras algunas de ellas han legislado para impedir su cultivo, desde el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino siempre se han despreciado este tipo de iniciativas.

Sin embargo, desde la Comisión Europea se ha dado el visto bueno a Madeira, lo que supone un giro en su política, que se está reflejando también en varias de sus recientes propuestas. En un intento de acelerar la aprobación de su cultivo e importación, la Comisión Europea ha ofrecido una mayor flexibilidad para prohibir el cultivo de transgénicos por parte de los estados miembro. Además, en las nuevas recomendaciones emitidas por la Comisión para regular la denominada “coexistencia”, la convivencia de los cultivos transgénicos con los convencionales o ecológicos, se reconoce también el derecho a establecer regiones libres de transgénicos.

“Desde Amigos de la Tierra rechazamos las nuevas iniciativas de la Comisión Europea, que pretende conseguir que se acelere la aprobación de cultivo e importación. Los Estados miembro de la UE ya podían prohibir su cultivo, y así lo han hecho Francia, Alemania, Austria o Hungría. Pero en un país cuyo Gobierno defiende los transgénicos a toda costa como España, la declaración de regiones libres de transgénicos es hoy por hoy la única manera de vetar su cultivo.”

España es el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala, con más de 76.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente cultivadas en 2009. Este maíz, prohibido en 10 países de la UE por sus impactos ambientales, incertidumbres para la salud y la imposibilidad de proteger otros modelos de agricultura de la contaminación genética, ha generado graves impactos socioeconómicos tras más de 12 años de cultivo. El Gobierno Español ha negado sistemáticamente estas evidencias, alineándose en todo momento con las multinacionales del sector, permitiendo además que el 42% de los experimentos con transgénicos al aire libre se realicen en territorio español y estableciendo una legislación que solo favorece a estas empresas.

El rechazo social frente a la imposición de los transgénicos en España se ha manifestado de forma reiterada a través de iniciativas legislativas populares, movilizaciones, manifestaciones o incluso acciones de boicot de los campos transgénicos experimentales.

Hace 200 años miles de patriotas se alzaron contra el yugo colonial en busca de independencia y soberanía. Las amplias masas de la patria se rebelaron contra el imperio, tomaron las armas y expulsaron a los invasores, al tiempo que luchaban por conquistar mejores condiciones de existencia. La independencia para el pueblo no era un grito o una formalidad sino que estaba vinculada a sus necesidades más sentidas. Independencia era libertad, tierra, pan , igualdad y dignidad.

Las masas de nuestro pueblo que ganaron la independencia en el campo de batalla y en la conciencia de sus contemporáneos, fueron traicionados por las oligarquías truncando el sueño de patria del Libertador, dejando inconclusa una gesta que hoy la historia nos llama a proseguir. Los agravios y vejámenes de la colonia española solo fueron modificados en su forma y nuevos dueños ocuparon el lugar de los chapetones. Doscientos años de vida republicana, han sido convertido por las élites colombianas en doscientos años más de dependencia y subyugación.

Con el despojo de la tierra nos han arrebatado la vida y la tranquilidad. Con la usurpación del poder, vino la usurpación de la tierra; en menos de 30 años la población campesina se redujo del 61% al 27%, producto de la contra-reforma agraria más reaccionaria del continente hecha a sangre y fuego. La guerra de los terratenientes ha llevado al 82.6 % de la población del campo a estar por debajo de la línea de pobreza y ha generado más de 4.600.000 personas desplazadas por la guerra, en el deshonroso segundo lugar a nivel mundial. Según el censo del 2005, hecho con el mismo aparataje estatal, se estableció que el país cuenta con 42.888.592 habitantes, de los cuales 30 millones están en condiciones de pobreza y de estos 12 millones de personas están en la miseria. Tras esta cifra, que de por si es denigrante, se oculta nuestra postración al gran capital transnacional y su interés sobre nuestra patria: explotación de los recursos naturales, latifundio, agrocombustibles, la usura de los bancos y los mega-proyectos multinacionales ligados todos al financiamiento y estructuración de la violencia paramilitar.

En nuestra amada Colombia, los expertos han calculado un déficit de más de 2.500.000 viviendas y cerca de 2.800.000 no tienen instalado el paquete de los servicios domiciliarios básicos; 5.000 niños mueren cada año por desnutrición y 2.600 niños mueren como consecuencia de la escasez y mala calidad del agua; 12 de cada 100 niños en las ciudades están desnutridos, 17 de cada 100 en las zonas rurales y 12 millones de personas no cuentan con agua potable a través de servicios de acueducto.

En nuestro país 2.4 billones de pesos del presupuesto nacional anual, , en vez de invertirse en la educación y en la salud se utilizan para servicio y pago de la deuda pública, destinados a atender el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, los imprevistos y los gastos de contratación originados en operaciones de crédito público; los aportes de los colombianos más pobres se van a pagar la deuda a la Banca Mundial y los especuladores criollos, una deuda pagada una mil veces con el sudor y la sangre de nuestro pueblo.

Más y más agravios envueltos en mentiras, como que la protección de varios millones de empleos depende de la rebaja del salario de los trabajadores, miserable argumento con el que justifican los exabruptos de las lesivas reformas laborales, que han reducido las garantías de dignidad para los trabajadores y han fomentado las condiciones indignas en que se desenvuelve el pueblo colombiano en general, mientras aumentan los impuestos que se pagan en los artículos de la canasta básica; la Ley 100 que reglamenta la salud y la llamada emergencia social, ha arrojado a los trabajadores al cotidiano y trivializado crimen de Estado, llamado “paseo de la muerte”, que es la calamitosa situación de centenares de pacientes que mueren en las puertas de los hospitales, después de haber hecho un largo recorrido sin que los atendieran.

tristemente coronados con la entrega del suelo patrio para la operación militar norteamericana mediante siete bases, miles de asesores y millones de dólares gastados en la industria bélica gringa. Soberanía hipotecada a la potencia extranjera como expresión nítida de la reconquista por intereses antinacionales de los principales recursos de nuestro país. Las 7 bases son solo el cerrojo del botín de oro del que las multinacionales se han apropiado con la complacencia plena de nuestros gobiernos.

No más agravios. La solución no puede ser la guerra o la profundización del conflicto armado para aplastar la inconformidad popular; en los últimos 5 años se han gastado más de 16 mil millones de dólares en el Plan Colombia y se ha destinado cada año más de 21 billones de pesos para la guerra, sin alcanzar el propósito de derrotar la insurgencia y desarticular la movilización popular, por el contrario, el conflicto, sus causas y consecuencias, se han profundizado al punto de llegar a un estado de emergencia humanitaria. Más de 2000 “falsos Positivos” execrables delitos estatales de lesa humanidad, 30.000 desaparecidos entre 2007 y 2009 según datos de medicina legal, detenciones arbitrarias por centenares y la aparición consuetudinaria de fosas comunes y hornos crematorios que esconden la nefasta verdad de la seguridad democrática.

Para superar estos agravios y otros que vive a diario toda la población colombiana; los convocados y partícipes de ésta marcha conmemorativa del bicentenario de la gesta libertadora proponemos: UNA NUEVA Y PLENA INDEPENDENCIA. Hoy como hace 200 años el continente se estremece, y los pueblos de América han desenvainado las espadas de los libertadores y retomado el camino para la consumación total de la independencia. El pueblo colombiano reunido en su CABILDO ABIERTO NACIONAL, retoma el grito de los patriotas del siglo XIX y de los revolucionarios del siglo XX y proclamamos nuestra Nueva Independencia, en cuya gesta venimos trabajando ya desde mucho tiempo atrás los procesos organizativos y movimientos sociales aquí reunidos.

Esta nueva y plena independencia está basada en la recuperación de la soberanía nacional, a través de un nuevo gobierno patriótico que rompa con todas las formas expresas y veladas de dominación extranjera y otorgue al pueblo colombiano su papel protagónico como sustento del poder del Estado. Una nueva y plena independencia solo es concebible mediante la transformación estructural de las desigualdades sociales que se mantienen inalteradas desde la misma colonia. Independencia con tierra, trabajo digno y vida digna para todos los colombianos. Proclamamos esta nueva y plena independencia como único camino para la solución política al conflicto social armado que por décadas ha desangrado a nuestras familias.

Como instrumento político necesario para esta nueva lucha independentista convocamos a todo el pueblo colombiano a conformar un Cabildo Abierto Nacional y Permanente, que sea el espacio de encuentro de la diversidad cultural de la nación, de las múltiples realidades regionales y de los anhelos de paz con justicia social de nuestra patria. La mejor vía para la solución a los problemas que aquejan al país es la organización que reúna al pueblo, supere la dispersión e invoque el espíritu libertador continuador de la primera independencia.

Invocamos con la fuerza bicentenaria, a reunirnos en Cabildo Abierto Nacional y Permanente hasta alcanzar el disfrute pleno de nuestros derechos y hasta ver superados por completo los oprobiosos agravios desatados con fuerza contra el pueblo colombiano. El llamado es a organizarnos en Cabildo Abierto hasta lograr un nuevo poder que elimine por completo la corrupción política, el clientelismo, la entrega de los recursos naturales, recupere la soberanía y logre la paz, comprometiéndose a ser verdadero representante del anhelo de todas y todos los colombianos.

Invocamos a los ciudadanos y ciudadanas a buscar a través del Cabildo Abierto Nacional y Permanente, el respeto de la soberanía nacional, la redistribución de la riqueza, la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del desplazamiento forzado, las desapariciones, las detenciones arbitrarias y todos los demás crímenes de Estado. Llamamos al pueblo colombiano a recuperar su papel en el gobierno de la patria, tomando directamente las riendas del país, buscando resolver los problemas gestados por las élites que han usurpado nuestro gobierno durante más de 200 años.

Llamamos a todas las organizaciones participantes en esta gigantesca Marcha Patriótica y Cabildo Abierto, a los partidos, parlamentarios, dirigentes políticos y sociales, artistas, intelectuales y demás personalidades que confluimos en esta conmemoración ó nos sentidos hermanados con sus propósitos, a conformar el CONSEJO PATRIOTICO NACIONAL, que le dé vida y forma a nuestro instrumento del Cabildo Abierto Permanente. Convocamos a todos los colombianos, que se sientan recogidos en nuestro ideario, a formar los Consejos Patrióticos departamentales, municipales, regionales o la forma que a bien se tenga, para darle continuidad a nuestra lucha por la nueva y plena independencia.

Finalmente invitamos a todo la ciudadanía de nuestro país, a todos los patriotas y demócratas a unirse al Cabildo Abierto Permanente, y a nuestra lucha por la nueva independencia, empezando desde ya a preparar un combativo y beligerante PARO CIVICO NACIONAL, que ponga sobre la mesa lo insostenible del anti-democrático régimen actual, y las impostergables reivindicaciones de estudiantes, campesinos, indígenas, trabajadores y colombianos en general.

Con la participación de unos 20 mil compatriotas, prosiguió la agenda de la Marcha Patriótica y el Cabildo Abierto por la Independencia, evento de amplios sectores sociales para conmemorar el Bicentenario de los pueblos.

En el campus de la Universidad Nacional de Colombia, el martes 20 de julio se adelantaron diez cabildos temáticos sobre temas cruciales para la nación, en los que se presentaron ponencias de los diferentes sectores sociales y organizaciones.

Los temas trabajados fueron: Soberanía nacional; Derechos económicos y sociales; Trabajo; Problemática agraria; Problemática urbana; Cultura y medios de comunicación; Comunidades étnicas; Conflicto social y armado; Desplazamiento forzado; y Organización popular.

Como parte de nuestra historia, hace 200 años se avizoró la ruptura del yugo colonial español. Sin embargo, muchos de los propósitos que impregnaron la batalla con fuerza social de indios sobrevivientes y negros rebeldes o libres quedaron truncos, pendientes de su concreción. Entonces, nuevas formas de dominio extranjero produjeron otras y actuales formas de dependencia. En este marco y esta memoria, no olvidamos que en 1809 por el continente abrió su puerta el ciclo de los alzamientos de criollos, mantuanos, contra el dominio de España en nuestra América.

2010 es para los pueblos reunidos en el territorio colombiano la conmemoración de 200 años de luchas por la emancipación. Son estos procesos los que convocan a la memoria histórica en un acto presente de reconocimiento de los grandes y pequeños procesos, con reivindicaciones puntuales o generales que se tomaron la palabra, la plaza o el cabildo para expresar sus inconformidades y proyectar sus potencialidades como sujetos sociales. La Minga Social ha decidido movilizar el pensamiento y el caminar para desatar la palabra, para nombrar esta historia y homenajear todos aquellos caminos que nos conducen a minguear en el presente, como acto colectivo de dignidad popular, con una profundidad histórica de 518 años.

Nuestra reivindicación está en las diferentes movilizaciones, en los acuerdos incumplidos y en los mandatos como minga, en el grito libertario de los palenqueros, quienes toman la decisión de fundar poblados libertos; está en la defensa de la vida, el territorio, las organizaciones y los procesos de destechados, estudiantes, barriales, indígenas y campesinos. También tenemos como una meta el 2019 disputándole a los de arriba la independencia de nuestros pueblos con los 200 años del congreso de Angosturas que fue el momento en que se constituyo la Gran Colombia.

Hoy, reivindicamos un ciclo de 200 años de procesos emancipatorios inscritos dentro de 518 años de resistencia frente a la colonización. Hace 518 años los territorios del continente presenciaron el arribo de los conquistadores, quienes iniciaron un proceso de invasión y despojo, que incluyó la violación de los territorios ancestrales, así como la desorganización de la vida y la institución de la esclavitud, que a su vez despojó a pueblos africanos mediante su sometimiento a regímenes de trabajo indigno. Esta política de despojo y explotación ha recibido respuestas por parte de los pueblos ancestrales y las nuevas poblaciones, quienes a diferentes ritmos y en distintos territorios han reivindicado la vida frente a las políticas de exterminio.

Hoy 19 de julio juntamos las voces, los mandatos, las propuestas y los caminos que a lo largo de 518 años de resistencia y 200 años de lucha han tejido una historia emancipatoria en Colombia, articulados a los otros territorios de América Latina. La Minga Social convoca a mujeres y hombres, jóvenes y adultos, trabajadores del campo y la ciudad, desempleados, amas de casa, estudiantes, habitantes de barrios y veredas, pueblos indígenas, poblados campesinos y afrocolombianos a construir los mandatos de nuestros pueblos y organizaciones, para encontrar nuestro mandato común. Aquel que como Minga Social pronunciaremos, defenderemos y llevaremos al Congreso de Los Pueblos para convertirlo en legislación popular legítima, de todas y para todos.

En los últimos 30 años se empezó a construir en Colombia la gran alianza realizada entre el gran capital internacional, los monopolios nacionales y las mafias de diverso carácter (burocrático, financiero, narco y paramilitar).

Gran alianza que es el sustento de un capitalismo depredador cimentado en la especulación financiera, la explotación de los recursos naturales y el impulso a una economía agro-exportadora que beneficia la gran propiedad latifundista y menoscaba la pequeña economía campesina.

Gran alianza que en los últimos 20 años despojó de las riquezas y los territorios no sólo a comunidades campesinas mestizas, negras e indias, sino que se apoderó de los principales sectores de la producción y de las empresas construidas por empresarios y trabajadores colombianos.

Esta alianza fortalece el paramilitarismo financiado por el narcotráfico y permea las estructuras e instituciones del Estado. La parapolìtica, la corrupción y el oportunismo se personifican en el Congreso de la Republica.

La ofensiva contra el pueblo es brutal: El presupuesto para la guerra es la prioridad, la violación a los derechos humanos es cosa de todos los días, las detenciones masivas e ilegales a campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes y sindicalistas se desarrollan dando la imagen de resultados contra el terrorismo, los falsos positivos son la expresión más degradante de la política y del poder, la pobreza, el hambre y la miseria cotidianamente crecen más.

Esta alianza ha usurpado los pueblos, comunidades rurales y sectores sociales organizados, invadiendo el territorio con un nuevo modelo de colonización por medio de la fuerza para: facilitar la entrada a las multinacionales, incrementar los conflictos de tierras y las fumigaciones, privatizar los servicios públicos, la educación y la salud, Implantar monocultivos industriales con la siembra de caña de azúcar, palma aceitera, maíz y yuca amarga entre otros, explotar las minas de oro, carbón, azufre o el suelo con los monocultivos de pino y eucalipto. Además de atender las directrices de la Organización Mundial del Comercio OMC y al Banco Mundial BM declarando nuestros productos como ilícitos especialmente la leche, panela, carne, las gallinas criollas con la expedición de normas y leyes que entierran definitivamente la posibilidad de subsistir en el campo y en la ciudad. También privatiza el agua con la venta del bien vital para la humanidad a empresas privadas, entregando además bosques, paramos, lagunas, cuencas y microcuencas.

Esta alianza no sólo reprime la protesta y movilización social sino que además pretende deslegitimar la resistencia de los pueblos e incumple los acuerdos firmados entre el Estado y las comunidades movilizadas por condiciones de vida dignas.

Ante la violencia y el despojo los pueblos hemos resistido históricamente; las luchas sociales y las grandes movilizaciones por los derechos han sido permanentes y hoy Por ello la dignidad, la esperanza continúan presentes con nosotros.

Delegadas y delegados de 33 países de la región llamaron a los gobiernos de la región a adoptar todas las medidas de política social y económica necesarias para avanzar en la valorización social y el reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado prestado por las mujeres en la esfera doméstica y del cuidado.

Asimismo, celebraron la creación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una nueva entidad para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, llamada ONU Mujeres, y acordaron solicitar al organismo mundial que ésta sea encabezada por una representante de América Latina y el Caribe.

De igual modo, expresaron su solidaridad con la situación de Haití y Chile después de los terremotos que afectaron a ambos países este año y acordaron apoyar activamente los esfuerzos de reconstrucción posteriores a los desastres con acciones que contribuyan al desarrollo sostenible, los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Del 13 al 16 de julio, más de 700 personas se dieron cita en este encuentro, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el apoyo de la Secretaría de Políticas para las Mujeres de Brasil.

Asimismo, exige enfrentar con decisión todas las formas de violencia contra las mujeres mediante la adopción de medidas preventivas, punitivas, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todo tipo de violencia contra ellas en los espacios públicos y privados, así como garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la asistencia jurídica gratuita de las mujeres en situación de violencia.

Insta además a fortalecer la ciudadanía de las mujeres y ampliar su participación en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. Para ello, pide promover y fortalecer políticas de Estado que garanticen el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos de las mujeres y adoptar todas las medidas necesarias, incluidos cambios a nivel legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado, a fin de fortalecer las democracias de América Latina y el Caribe.

Asimismo, solicita facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías, al crédito y los activos, y promover medios de comunicación igualitarios, democráticos y no discriminatorios, así como promover su salud integral y sus derechos sexuales y reproductivos.

Finalmente acuerda realizar actividades de capacitación, intercambio y difusión que permitan la formulación de políticas públicas basadas en los datos del Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, así como promover la cooperación internacional, regional, subregional y multilateral para la equidad de género.

En este informe, la CEPAL propone un nuevo pacto social de redistribución del trabajo total entre hombres y mujeres, a fin de facilitar el acceso de éstas al mercado laboral como parte de sus derechos humanos.

, que presentamos recientemente también en Brasilia. Brasil abre caminos, nos inspira con su liderazgo y fija rumbos para la región, dijo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

La propuesta contiene un enfoque integral de desarrollo centrado en la igualdad, que la CEPAL sugirió como nueva hoja de ruta a los países de América Latina y el Caribe, durante su Trigésimo tercer período de sesiones.

El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) fue invitado por el Gobierno de Colombia para visitar el país, del 5 al 9 de julio de 2010. “La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia continua siendo sumamente grave, crítica y profundamente preocupante, a pesar del reconocimiento constitucional de éstos derechos”. Tal es la conclusión a la que llego la misión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. El Foro reconoce y valora la contribución del Gobierno de Colombia y de otras altas instituciones del Estado como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, para procurar atender los graves problemas de las comunidades indígenas, sin embargo, estos persisten.

El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas visitó Colombia del 5 al 9 de julio de 2010, atendiendo a una invitación que el Gobierno de Colombia le realizara. Anteriormente, el Foro había recibido la sugerencia de las organizaciones indígenas de que se efectuase la visita. Su fin habría de ser la observación de la situación de los pueblos indígenas de Colombia, en especial la del pueblo Awá y de los pueblos indígenas en peligro de extinción afectados por el conflicto armado.

Durante su visita el Foro sostuvo reuniones con diversas instancias de gobierno como el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa, entre otras. Igualmente se reunió con la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. También llevó a cabo reuniones con representantes de pueblos y organizaciones indígenas, de ong’s y con agencias del Sistema de Naciones Unidas. El Foro pudo visitar Bogota, Valledupar, Pereira y el Diviso.

El Foro agradece la invitación del Gobierno de Colombia, a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), a los pueblos de Sierra Nevada de Santa Martha, a las organizaciones del eje cafetero, a las organizaciones del pueblo Awá y de otros pueblos indígenas de Nariño, Cauca, Putumayo, entre otros. También agradece las facilidades que recibió de parte de todas las instancias para la realización de la visita, así como la importante información proporcionada.

El Foro valora altamente el dialogo que se ha establecido con los pueblos indígenas Awá, quienes viven una situación de extrema vulnerabilidad por tener invadido su territorio por actores armados. En 2009 fueron víctimas de dos masacres. A pesar del dialogo que el pueblo Awá ha sostenido con las autoridades municipales, departamentales y nacionales persisten problemas como homicidios, secuestros, desplazamiento interno, confinamiento, señalamiento, reclutamiento forzado y amenazas.

El Foro reconoce los esfuerzos hechos por el pueblo Awá y el gobierno en el diseño de un plan de salvaguarda para este pueblo, tal y como lo ordeno la Corte Constitucional en su auto 004, el cual se encuentra en su fase inicial. Al día de hoy, no existe un presupuesto aprobado para dicho plan de salvaguarda. El Foro Permanente sigue sumamente preocupado por la integridad del pueblo Awá y por ello dará seguimiento cercano a su situación y a la implementación del plan de salvaguarda.

Por otro lado, es de especial preocupación para el Foro la situación de extrema vulnerabilidad y abusos que se comenten en contra de las mujeres, niñas y niños de los pueblos indígenas. El foro recibió información sobre presuntos actos de violaciones físicas, reclutamiento forzado y utilización de menores como informantes, entre otros abusos en zonas de conflicto.

El Foro Permanente considera que es necesario fortalecer y mejorar las medidas para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y en particular, es necesario consolidar los mecanismos para garantizar su subsistencia digna en las zonas de conflicto armado, en particular de aquellos que se encuentran en peligro de extinción. Dichas medidas, en todo caso, deben ser debidamente consultadas y aprobadas por las comunidades indígenas.

Con el fin de atender debidamente las necesidades de los pueblos amenazados por el conflicto armado es necesario fortalecer la respuesta gubernamental al Sistema de Alerta Temprana de la Defensoria del Pueblo, a partir de la emisión de informes de riesgo, con el fin de que las instancias de gobierno respondan debidamente a las necesidades de garantizar la integridad de los pueblos.

Es de especial preocupación del Foro el que no se haya establecido un mecanismo eficaz para dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas por los relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas, los cuales han emitido una serie de valiosas recomendaciones que podrían ayudar a mejorar las condiciones de los pueblos indígenas. Es necesario establecer un mecanismo de diálogo eficaz, con las organizaciones de los pueblos indígenas y las agencias de Naciones Unidas en Colombia. Este mecanismo también debe velar por el cabal cumplimiento del auto 004 de la Corte Constitucional y demás derechos establecidos en favor de los pueblos indígenas.

Constituye un factor particularmente inquietante el de la posible relación entre el desplazamiento de comunidades indígenas, afro descendientes y otra población campesina, por causa del conflicto armado, de una parte, y de otra la invasión de los territorios despejados por cultivos legales e ilegales o para la explotación de recursos como minería, hidrocarburos, entre otros.

Es de valorarse la importante inversión por parte del gobierno al programa de acción social, el cual brinda apoyos a los desplazados internos en general, incluyendo a los pueblos indígenas. El Foro recibió alegatos en el sentido de que este programa no cuenta con un enfoque diferencial y culturalmente apropiado. El desplazamiento de los pueblos indígenas es un factor más que pone en peligro la sobre vivencia de muchos pueblos en peligros de extinción y debe, en la medida de lo posible, prevenirse.

A pesar del reconocimiento legal del derecho a la consulta previa, el Foro ha recibido información sobre la implementación de proyectos en territorios de pueblos indígenas y otras situaciones que afectan sus derechos, sin que se realice una debida consulta que tenga por objeto obtener el libre consentimiento de los pueblos indígenas.

El Foro Permanente reitera su agradecimiento al Gobierno de Colombia, a la ONIC, a las autoridades del pueblo Awá, al resto de las organizaciones de los pueblos indígenas y a todas las personas que se reunieron y entregaron información al Foro.

El Foro estudiará a detalle toda la información, elaborará un informe sobre la misión y emitirá las recomendaciones que considere pertinentes para promover el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en Colombia.

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU es un organismo asesor del Consejo Económico y Social, con el mandato de examinar las cuestiones indígenas relacionadas al desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos.

El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) fue establecido por el Consejo Económico y Social (ECOSOC), resolución 2000/22 del 28 de Julio de 2000. Sirve de órgano asesor de ECOSOC con el mandato de examinar las cuestiones relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos de los pueblos indígenas. El foro presta asesoramiento especializado y formula recomendaciones sobre las cuestiones indígenas al Consejo, así como a los programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo.

El Foro está integrado por 16 expertos independientes, que actúan a título personal y quienes sirven por un período de 3 años en calidad de Miembros. Ocho de los miembros son nombrados por los gobiernos y ocho lo son directamente por las organizaciones indígenas en sus respectivas regiones.

Las comunidades Indígenas y Campesinas avanzamos en la construcción de canales de comercialización, pues esa fue la respuesta positiva a la convocatoria a la que asistieron amplio número de organizaciones de gran variedad en su cultivo y elaboración de productos. Nuestras experiencias nacionales e internacionales aunaron conocimientos para la buena marcha de los trabajos, planes y convenios que se avecinan.

Los asistentes al Primer Encuentro Taller de Alianza Indígena-Campesina, realizado el 9 y 10 de julio en el Jardín Botánico de Bogotá, obtuvieron positivas respuestas por la diversidad de organizaciones y contenidos de las ponencias y exposiciones presentadas, que estaban dentro de los propósitos del evento. En los dos días los asistentes colmaban las instalaciones destinadas para las deliberaciones, así como en el área destinada para la muestra productiva. La satisfacción, la esperanza y el compromiso se expresó siempre en los campesinos e indígenas al reconocer los éxitos de las organizaciones ponentes y, lo más importante, en la construcción hacia el futuro de los canales de comercialización, y encaminados todos hacia el crecimiento, fortalecimiento y nacimiento de una gran organización.

riencias de carácter internacional, como la presentada por Germán Nina, representante de ANAPQUI, de la República de Bolivia, fue ampliamente reconocida y aclamada por los concurrentes, de la misma manera las experiencias nacionales fueron también recibidas con aplausos y expresiones de apoyo a todos estos esfuerzos, que sin lugar a duda son ejemplos a seguir.

Con el fin de concertar y reconocer la diversidad de criterios, se realizaron seis mesas de trabajo que alcanzaron gran participación, arrojando resultados y conclusiones bien importantes en todos los direccionamientos concernientes a la comercialización y la organización.

Durante el día se promovió la participación activa de las organizaciones en la campaña por la política pública de Soberanía Alimentaria, Seguridad y Autonomía -SALSA, la firma del referendo por los Derechos de la Madre Naturaleza y el referendo por el Derecho al Agua.

En el país se otorgan licencias ambientales para el manejo de los caudales de los ríos con datos científicos y técnicos limitados, acudiendo a conceptos importados que no se adaptan a la realidad de los ecosistemas hídricos. Esto no ha garantizado el uso sostenible del agua. Una metodología propuesta por la Universidad Nacional, a la que Minambiente ya le “paró bolas”, solucionaría esta incapacidad.

Siempre que se inicia un proyecto hidroeléctrico, un embalse o un distrito de riego en Colombia, a las comunidades y a los defensores ambientales se les ponen los pelos de punta. Cómo garantizar que no se vulnere el derecho al agua y los daños que podrán sufrir los ecosistemas son las mayores preocupaciones.

En la revisión de 13 grandes proyectos con licencia para el uso de los caudales de los ríos en el país, investigadores de la Universidad Nacional hallaron problemas. En todos hay quejas de las comunidades porque el cauce se secó, no hay agua para el ganado ni para los pastos, los peces desaparecieron, etc.

Sergio Andrés Redondo, estudiante de la Maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos, determina en su trabajo de investigación la incertidumbre en la estimación de caudales ambientales, como resultado de limitaciones en la información hidrológica.

Ha encontrado, por ejemplo, que al analizar 10 metodologías diferentes (de Estados Unidos, México y hasta la India) que se usan para establecer el uso de caudales, cada una considera criterios muy diversos que pueden variar hasta en 700% de una a otra.

De los métodos colombianos, se encontró que el del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) estima valores muy bajos de promedio de agua, pues establece en 25% el caudal medio anual, es decir que hay permiso de quitarle al río hasta el 75% del agua. Por ejemplo, en los afluentes de zonas de montaña que tienen poca corriente la situación sería crítica, pues podrían secarse, mientras en ríos como el Magdalena ese porcentaje implicaría cambios drásticos en su curso y sus ecosistemas.

En el oriente de Caldas, el proyecto de trasvasar aguas del río Guarinó al río La Miel, para potenciar la producción de la hidroeléctrica La Miel 1, ha sido una pelea de varios años. Allí la construcción de un gran túnel que se encargará de ese trasbordo tiene enfrentados a los habitantes de La Dorada y municipios cercanos con la empresa Isagén. Se afirma que el río Guarinó prácticamente morirá.

Conceptos técnicos de MAVDT y de académicos coinciden sobre la inconveniencia del proyecto en las condiciones propuestas. La hidroeléctrica ha desestimado el posible daño a la fauna, la flora, acueductos y sistemas de aguas subterráneas de la región, debido a los estudios que ellos han elaborado. UN Periódico intentó hablar con funcionarios de la empresa, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

En Santander otro hecho tiene inquietas a las comunidades, sobre todo a las que habitan la población de pescadores. Hacia el 2014 se pretende tener listo un proyecto hidroeléctrico que quiere aprovechar la corriente del río Sogamoso mediante la construcción de una presa.

La estudiante de Maestría en Ecología Angélica Ramírez, bajo la dirección del profesor Gabriel Pinilla, director del Departamento de Biología de Facultad de Ciencias de la UN, está analizando datos sobre el posible efecto que tendrá la ejecución de la empresa.

La información pormenorizada que recolectó en estaciones sobre el río Sogamoso le permite a la bióloga decir que el proyecto afectará a las comunidades de peces de la zona, pues al recortar el flujo de agua se perturba la conectividad del río y las ciénagas, lo que hace más difícil la migración para la reproducción de especies como el bagre y el bocachico, bastantes sensibles a la variación del nivel del agua.

“Para determinar el impacto en los cambios del río se deben realizar análisis de las zonas de inundación a escala espacial grande. En cada uno de los segmentos del río hay que determinar las condiciones que se transformen y las especies más sensibles”, detalla la bióloga de la UN.

Luis Alejandro Camacho Botero, doctor en Modelación de la Calidad del Agua en Ríos, sostiene que en Colombia no existía, hasta hace unos meses, una metodología integral para definir caudales ambientales que garanticen el correcto uso del recurso hídrico. Esto se debe a que el país posee poca información sobre las características específicas de la diversidad hídrica en las regiones (hidrología, hidráulica, calidad de agua, ecosistemas, etc.).

En la mayoría de proyectos licenciados se establecen usos de los caudales a partir de metodologías propuestas por la autoridad ambiental (MAVDT), entidades nacionales o desarrolladas en otras partes del mundo (México, Brasil o Estados Unidos), sin un consenso acerca de la que debería implementarse en Colombia dada su diversidad física, climática y las limitaciones de información.

El objetivo, según Camacho, era tener clara la información que debían recolectar y analizar las empresas a la hora de solicitar permisos. Recientemente, la cartera ministerial elaboró el borrador de una resolución en el que incorpora los conceptos señalados por la Universidad, que dice: “Por la cual se reglamentan los criterios para la estimación de caudal ambiental en procesos de otorgamiento de licencias ambientales y concesiones de agua”.

“Al no tener esa definición, ni criterios objetivos que garanticen su evaluación, el proceso para el otorgamiento de licencias ambientales se hace difícil, incluso para quienes las solicitan, pues desconocen su tramite”, dice Camacho. Con la metodología desarrollada por la UN se espera avanzar en esta problemática.

Otra de las limitaciones del modelo que utiliza actualmente la cartera ambiental es que en Colombia se establece un caudal fijo promedio para todo el año. ¿Cuál es el problema? Según el profesor Camacho, que no se tiene en cuenta la estacionalidad y variabilidad del clima.

No es lo mismo tener un caudal fijo para épocas de verano intenso que para épocas de invierno crudo. Dependiendo la temporada del año o ante fenómenos climáticos como El Niño o La Niña, se requeriría determinar promedios mensuales y anuales de caudales ambientales.

En la propuesta de la UN se establece la necesidad de verificar el nivel de los ríos como mínimo cada dos años, con mediciones detalladas sobre los peces, los macroinvertebrados (insectos, larvas, crustáceos, moluscos) y la comunidad de microorganismos acuáticos que se adhieren a las plantas enraizadas (perifiton). El objetivo es comprobar que los caudales definidos no presentan efectos adversos.

“En todos los países los proyectos de ingeniería tienen un seguimiento posterior, pero en Colombia no. Aquí este tema no les agrada a los gremios y a quienes utilizan el agua para diversos fines. Ellos preferirían que se les defina un caudal inmodificable de aquí a 30 ó 40 años o más”, destaca Camacho.

El riesgo, entonces, es que ocurran hechos como el secamiento completo de las corrientes en épocas de verano, lo que puede derivar en problemas de sostenibilidad ecológica y de no garantizar suministro de agua en otras áreas.

El ejemplo más claro ocurre en el río Bogotá, en el cual está permitido que quede seco un buen tramo de su cauce. Esto se debe a que la licencia ambiental da permiso de usar casi la totalidad del agua a la altura de la estación de Alicachín, donde se bombean entre 30 y 40 metros cúbicos por segundo, para uso hidroeléctrico.

“Algunos dirán que dejar que el agua fluya en ese lugar sería un desperdicio, debido a que kilómetros abajo comienza el sector altamente contaminado del río, pero de todas formas, cuando el afluente sea saneado, el hecho de no recibir las aguas retenidas en Alicachín será un problema”, manifiesta Luis Alejandro Camacho.

El estudiante Sergio Andrés Redondo asegura que “la propuesta de la UN, aparte de ser criolla, tiene la ventaja de que incorpora la variabilidad intraanual e inter-anual en los caudales ambientales, compara condiciones sin y con proyecto, y, además, se hizo considerando criterios de otras metodologías internacionales adaptables a nuestro contexto”.

El profesor Erasmo Alfredo Rodríguez, del Grupo de Investigación en Ingeniería de Recursos Hídricos, ratifica lo anterior argumentando que además se centra en proyectos licenciados, pues se desarrollan en cuencas estudiadas minuciosamente.

Rodríguez concluye que indudablemente el manejo del agua es un problema de múltiples propósitos que entran en conflicto. Por eso, la sociedad, el Estado y el sector económico deben buscar un equilibrio que garantice su adecuado uso.

Sindicalista tolimense (El Guamo, octubre 13 de 1884 - Bogotá, julio 17 de 1940). Raúl Eduardo Mahecha Caycedo es, quizás, el líder obrero colombiano más importante de los años veinte, era sobrino-nieto de una de las figuras más prominentes del conservatismo tolimense: el general José Ignacio Caycedo. Desde sus años de escuela, mostró una constante inconformidad que lo llevó a escaparse de su casa y alistarse en las tropas del gobierno cuando se inició la guerra de los Mil Días; alcanzó el grado de capitán.

Se interesó por el movimiento sindical y se vinculó a él como miembro de la Sociedad Obrera de Calamar; por un tiempo trabajó políticamente en la zona cafetera para acercarse a las masas trabajadoras, pues sabía que el pueblo era supersticioso, les contaba cuentos de hadas, a través de los cuales les explicaba la situación en que vivían y los incitaba a la huelga. Llegó a organizar 18000 trabajadores e incitar un paro en el que participaron 15000. Sin embargo, Mahecha siempre mantuvo el principio de que la clase obrera debía organizarse de manera independiente de los partidos políticos.

Entre 1915 y 1916, Mahecha vivió en California, Estados unidos. Allí conoció la agricultura mecanizada y recibió gran influencia del modo de vida funcional y pragmático de los norteamericanos. Ambas situaciones le sirvieron para tener más claro el horizonte de la lucha en Colombia.

En Barranca, Mahecha inició la etapa más importante de su acción y pensamiento, fundó el periódico Vanguardia Obrera, el 12 de febrero de 1923 creó la Unión Obrera, antecedente inmediato de la Unión Sindical Obrera (USO). Secretario general de esta organización fue su líder indiscutible, y desde ella condujo grandes batallas por la soberanía nacional y los derechos de los trabajadores, en contra de los enclaves extranjeros, que lo llevaron a ser el más prestigioso líder en las petroleras y en toda la extensión del río Magdalena y el dirigente de la gran lucha nacional contra los enclaves coloniales, especialmente la Tropical Oil Company (TROCO) y la United Fruit Company, y contra la hegemonía conservadora. Desde un comienzo, Raúl Eduardo Mahecha se empeñó en una lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores…

Este día recuerda el fallecimiento de Hugh Hammond Bennet, un reconocido hombre de ciencia que quiso lograr un aumento de la producción de la tierra a través de su mayor protección y que trabajó para concienciar de los beneficios de su adecuado manejo.

El suelo es un sistema dinámico y complejo cuya función no es sólo la de servir como soporte mecánico para el crecimiento de las plantas, sino que también es el medio a través del cual éstas toman el agua y los nutrientes que necesitan para su desarrollo. Por otro lado, el productor se comunica con el cultivo para lograr las respuestas que desea, mediante las prácticas de manejo del suelo que lleva a cabo (laboreo, riego, fertilización, etc.). Cuando un suelo se encuentra en condiciones adecuadas para cumplir con su función para la producción, se dice que es de buena calidad.

En Colombia, el uso del suelo se ha perdido por efecto de la erosión y continúa perdiéndose por la misma causa una cantidad significativa de tierra y el efecto erosivo está ocurriendo a una velocidad superior a lo normal, dejando por fuera de la actividad económica, algo mas de 2'300.000 hectáreas, a una rata superior a 1.8 tonelada por kilómetro cuadrado por año, que es mas del doble que el promedio para América del Sur. La contaminación por sedimentos de los ríos en el país es realmente grande en la mayor parte de ellos como un efecto de las malas prácticas agropecuarias, forestales y obras civiles, la literatura de los organismos encargados de manejar estas estadísticas en el país, reporta, en el Río Magdalena en el sitio de Calamar, 356.000 toneladas por día y en el Cauca, en el sector Apaví, 102.000 toneladas por día lo que equivale a una pérdida de entre 70 y 100.

En la actualidad, 49.2% del país está entre moderado y severamente afectado por erosión hídrica, 22.9% esta entre moderado y severamente afectado por movimientos en masa y solamente el 24.8 % no está afectado por erosión. Así mismo, hay en Colombia grandes pérdidas de nutrientes en las tierras agrícolas, y problemas de salinización y alcalinización en algunas regiones, como en el Valle del Cauca en donde hay mas de 80.000 hectáreas afectadas.

Por lo anterior, es significativo el futuro de trabajo que se tiene en Colombia para conseguir un aprovechamiento racional del recurso suelo, con políticas de extensión, fomento, investigación y económicas que atienda las necesidades del país en materia de conservación y recuperación de los recursos agua y suelo.

Todas las semillas transgénicas en el mundo son controladas por seis empresas: Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, Basf. Son todas transnacionales químicas que se apropiaron de las compañías de granos para controlar el mercado agrícola, vendiendo semillas casadas con los agrotóxicos que ellas producen (herbicidas, insecticidas, etcétera).

Todas –además de Monsanto que se ha hecho famosa como villano global– tienen un historial criminal que incluye, entre otros crímenes, graves desastres ambientales y contra la vida humana. Todas, una vez al descubierto, intentaron evadir sus culpas, tratando de deformar la realidad con mentiras o corrupción. El hecho de que todos los transgénicos están patentados y que la contaminación es un delito para las víctimas, significa que cualquier país que autoriza los transgénicos entrega su soberanía, de manos atadas, a los designios de unas cuantas trasnacionales que deciden según su afán de lucro. Además, tratándose de estas empresas, autorizar la siembra de transgénicos es entregar las semillas, los campesinos y la soberanía alimentaria a un puñado de criminales en gran escala. Crimen organizado, legal.

Recientemente un tribunal de la India se expidió, luego de casi 20 años de demandas de los afectados, sobre un caso que atañe a una de ellas: Dow. Se trata de unos de los peores accidentes industriales de la historia: una enorme fuga accidental de gas tóxico de la fábrica de agroquímicos Union Carbide, en Bhopal, India, en 1984. Organizaciones de sobrevivientes (

) estiman que han muerto más de 22 mil personas y 500 mil tienen secuelas permanentes. 50 mil están tan enfermas que no pueden trabajar para mantenerse a sí mismas. Estudios recientes confirman que los hijos de los afectados por el gas también sufren daños. El porcentaje de defectos de nacimiento en Bhopal es diez veces superior al resto del país, la frecuencia de cáncer es mucho más alta que el promedio. El agua de más de 30 mil habitantes de Bhopal sigue contaminada por la fuga. Las víctimas y familiares han luchado duramente, por décadas, para que se atienda y paguen los gastos médicos de los afectados, se limpie el lugar y se juzgue a los responsables.

Dow compró la transnacional Union Carbide en el año 2001. Fue una jugosa expansión de su lucrativo negocio de vender tóxicos, y una forma de seguir las operaciones, zafándose de la mala reputación del accidente. Según el contrato de compra, Dow se haría cargo de todas las responsabilidades de Union Carbide. Dow reservó 2.200 millones de dólares para potenciales demandas relacionadas a asbestos (amianto) en Estados Unidos, pero nada para atender las indemnizaciones pendientes en la India, mostrando que para ellos la vida de la gente en los países de Sur no vale nada. Nunca se presentó a tribunales en la India. Por el contrario, asumió una actitud agresiva contra las víctimas, demandando legalmente por miles de dólares a los que se manifestaron frente a la empresa sobre el desastre de Bhopal.

El 8 de junio 2010, un tribunal falló contra ocho ejecutivos de Union Carbide. La sentencia por haber provocado la muerte de 22 mil personas es de un cinismo feroz: dos años de cárcel y cerca de 2 mil dólares de multa para cada uno, pese a que ninguno de los seis sistemas de seguridad de la fábrica funcionaba en 1984, solamente para ahorrar costos a la empresa. Warren Anderson, presidente de Union Carbide en el momento de la explosión y principal responsable, huyó a Estados Unidos, donde sigue viviendo en el lujo, defendido de los pedidos de extradición por los abogados de Dow.

Lejos de ser un caso aislado, de otra empresa, Dow tenía ya historia con genocidios. Fabricó el napalm que se usó en Vietnam y comparte con Monsanto haber producido el Agente Naranja, tóxico que también se usó en Vietnam y que hasta el día de hoy sigue produciendo deformaciones en los nietos de las víctimas. También en ese caso, Dow y Monsanto trataron de evadir cualquier compensación, pagando finalmente minucias. Más cercano, Dow está en juicio por la venta y promoción –a sabiendas de sus graves consecuencias– del agrotóxico nemagón (DBCP) en varios países latinoamericanos, que ha provocado esterilidad en trabajadores de las plantaciones bananeras y deformaciones congénitas en sus hijos (ver la página electrónica

Estos horrores no son una excepción, sino moneda corriente de las empresas de transgénicos, que en forma sistemática desprecian la vida humana, la naturaleza y el ambiente, para aumentar sus lucros. Recordemos, por ejemplo, que Syngenta plantó ilegalmente cultivos de maíz transgénico en áreas naturales protegidas en Brasil, y luego, frente a la ocupación de protesta que realizó el Movimiento de los Sin Tierra, contrató una milicia armada que disparó a mansalva, asesinando a Keno, del MST. Monsanto intenta ahora mismo aprovechar la tragedia que provocó el terremoto en Haití para imponer allí la contaminación y dependencia a sus semillas modificadas. DuPont continuó vendiendo agrotóxicos restringidos en Estados Unidos –como el Lannate (methomyl)– en Ecuador, Costa Rica, Guatemala, donde provocó el envenenamiento de miles de campesinos. Basf y Bayer están acusadas de casos similares.